Financiamiento de la Proposición 7

El 3 de noviembre de 2015, el 83 por ciento de los votantes de Texas aprobaron la medida electoral conocida como Proposición 7, que autorizó una enmienda constitucional para el financiamiento del transporte. Bajo la enmienda, una porción de los impuestos sobre las ventas y el uso, así como una porción más pequeña de los impuestos sobre las ventas y el alquiler de vehículos motorizados, solo se puede usar de conformidad con la Sección 7-c, Artículo VIII de la Constitución de Texas, para:

(1) construir, mantener o adquirir derechos de paso para carreteras públicas que no sean carreteras de peaje; o (2) reembolsar el capital y los intereses de los bonos de obligación general emitidos según lo autorizado por la Sección 49-p, Artículo III, de esta Constitución.

Esto significa que los fondos de la Proposición 7 también pueden pagar el servicio de la deuda de los bonos de la Proposición 12, que están garantizados por los ingresos generales del estado.

Fondo

La Resolución Senatorial Conjunta (SJR, por sus siglas en inglés) 5 de la Legislatura 84º (Sesión Regular) enmendó la constitución para incluir fondos de la Proposición 7 a TxDOT.

Lenguaje de la propuesta de la boleta:

La enmienda constitucional que dedica ciertos ingresos por impuestos sobre las ventas y el uso y los ingresos por impuestos sobre las ventas, el uso y el alquiler de vehículos motorizados al fondo estatal de carreteras para proporcionar fondos para carreteras sin peaje y la reducción de ciertas deudas relacionadas con el transporte.

La Legislatura 88º (Sesión Ordinaria, 2023) aprobó la Resolución Concurrente del Senado 2, que extendió ambos componentes de financiamiento de la Proposición 7 – impuesto sobre las ventas y el uso e ingresos por impuestos sobre las ventas y el alquiler de vehículos de motor – durante diez años más allá de sus fechas de vencimiento originales. En consecuencia, las transferencias de impuestos estatales sobre las ventas y el uso al Fondo Estatal de Carreteras se extenderán hasta el 31 de agosto de 2042, mientras que la parte del impuesto sobre las ventas y el alquiler de vehículos motorizados se extenderá hasta el 31 de agosto de 2039.

Metodología

La Proposición 7 requiere que la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas (contralora) deposite en el Fondo Estatal de Carreteras (SHF, por sus siglas en inglés) en cada año fiscal estatal (FY, por sus siglas en inglés) $2.5 mil millones de los ingresos netos del impuesto estatal sobre las ventas y el uso que excedan los primeros $28 mil millones de esos ingresos que ingresen a la tesorería estatal en ese año fiscal, a partir del año fiscal 2018. Esta disposición expirará el 31 de agosto de 2042 a menos que una futura legislatura vote para extenderla.

Además, a partir de septiembre de 2019 (año fiscal 2020), si los ingresos estatales por impuestos sobre las ventas y el alquiler de vehículos motorizados superan los $5 mil millones en un año fiscal, el 35 por ciento del monto superior a $5 mil millones se dirigirá a la SHF. Esta disposición entra en vigencia el 1 de septiembre de 2019 (año fiscal 2020) y expirará el 31 de agosto de 2039, a menos que una legislatura futura vote para extenderla.

Factores que afectan los depósitos de la Proposición 7 a la SHF

Algunos de los factores que afectan los depósitos de la Proposición 7 son los siguientes:

• Los fondos de la Proposición 7 tienen dos componentes, cada uno con su propia fecha de expiración:
  1. Los fondos de los impuestos estatales sobre las ventas y el uso vencen al final del año fiscal 2042.
  2. Los fondos de los impuestos sobre las ventas y el alquiler de vehículos motorizados vencen al final del año fiscal 2039.
• La legislatura, por votación nominal de la mayoría de los miembros de cada cámara, puede extender cualquiera de las fechas de vencimiento de estas dos disposiciones por incrementos de 10 años.
• La legislatura, mediante el voto nominal de dos tercios de los miembros de cada cámara, puede reducir los ingresos depositados a la SHF en virtud de cualquiera de las disposiciones (con la reducción realizada en el año fiscal estatal en el que se adopte la resolución de la legislatura o en cualquiera de los dos años fiscales estatales siguientes) siempre que la reducción no supere el 50% de la cantidad que de otro modo se depositaría en la SHF en el año fiscal estatal afectado año.

Más información

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